Exdirector de Pesca niega sobornos acusados por empresaria Sada Goray
- 27 nov 2025
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Gaspar Cárdenas Infante declaró ante fiscalía que los cambios normativos en la pesca atunera respondieron a ajustes técnicos y no beneficiaron a ninguna empresa específica.
Escrito por Arturo Sobrino
El exdirector general de Pesca del Ministerio de la Producción, Gaspar Cárdenas Infante, rechazó categóricamente las acusaciones de sobornos formuladas por la empresaria pesquera Sada Goray Chong, quien había señalado que funcionarios y legisladores recibieron pagos ilícitos para aprobar un decreto regulatorio de la pesca atunera.
Goray sostiene que se pagaron coimas para que un grupo de legisladores promoviera el respaldo al Decreto Supremo 009-2022-Produce, norma que modificó reglas sobre la extracción de atún. Según su versión, esos sobornos facilitaron beneficios a intereses particulares de la industria atunera.
Sin embargo, en su testimonio ante la fiscalía anticorrupción, Cárdenas aseguró que la norma respondió a la necesidad de actualizar la regulación pesquera frente a compromisos internacionales, y que sus modificaciones no favorecieron a ninguna empresa en particular.
Entre los cambios que detalló figuran: aumentar del 20 % al 40 % la cuota de pesca extranjera en aguas peruanas, exigir al menos 50 % de tripulación nacional en buques extranjeros y obligar a que las embarcaciones dedicadas al atún sean de origen peruano, antes bastaba un porcentaje menor de nacionalidad o matriz extranjera.
El exfuncionario explicó que la elaboración del decreto involucró al menos a una veintena de unidades del Ministerio, diversas direcciones generales, asesorías legales y viceministros, lo que, según dijo, hace inviable que un eventual soborno beneficiara solo a una persona o empresa.
Además, sostuvo que la modificación normativa permitió evitar sanciones de organismos internacionales que regulan la pesca atunera, y aseguró que el beneficio fue para el sector atunero nacional y las plantas de procesamiento en tierra, al garantizarse una mayor disponibilidad de materia prima.
Cárdenas afirmó que no existe evidencia de pagos ilícitos y que, por el contrario, la norma contribuyó al fortalecimiento regulatorio de la pesca en el país.
La versión del exdirector choca directamente con la denuncia de Sada Goray, quien en su solicitud de colaboración eficaz sostiene que hubo al menos S/1 millón en presuntos sobornos para favorecer cambios normativos.
Especialistas vinculados al caso indican que, de no comprobarse irregularidades en la instrucción fiscal, la petición de colaboración eficaz de la empresaria podría ser desestimada.
El caso ha generado preocupación en el sector pesquero y entre autoridades, ya que reaviva el debate sobre transparencia y regulación en la industria atunera del Perú.
En los próximos días, la fiscalía continuará recabando testimonios e información documental para determinar si la acusación de sobornos tiene sustento y si existen responsables de un eventual delito.
El resultado de la investigación será determinante para definir si las modificaciones normativas quedan con validez irreversible, o si se abre la posibilidad de anular la norma y sancionar a quienes resulten vinculados en caso se compruebe una red de corrupción.
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