IPE alerta que Perú concentra el 44 % del oro ilegal exportado desde Sudamérica
- 26 nov 2025
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Las exportaciones ilícitas podrían alcanzar los US$ 12.000 millones en 2025, impulsadas por redes criminales y fallas en la regulación.
Escrito por Camila Torrejón

La minería ilegal en el Perú ha alcanzado niveles críticos. Un reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) advierte que el país concentra el 44 % del oro ilícito que se exporta desde América del Sur, convirtiéndose en uno de los principales focos regionales de esta actividad criminal. El estudio señala que la magnitud de este comercio ilícito continúa creciendo debido a la débil fiscalización y al avance de organizaciones que operan con alta capacidad logística.
Según las proyecciones del IPE, hacia fines de 2025 las exportaciones de oro ilegal podrían ascender a US$ 12.000 millones, una cifra equivalente a más de 105 toneladas y que se acerca peligrosamente, e incluso podría superar, al volumen de oro legal exportado por el país. Este escenario evidencia la existencia de un mercado paralelo que distorsiona la economía, evade controles y compite directamente con la producción formal.

El informe también alerta sobre el uso indebido del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Aproximadamente 13.000 registros asociados a esta plataforma se encuentran ubicados en zonas protegidas o de alta sensibilidad ambiental, lo que indica que este mecanismo estaría siendo utilizado como fachada para legitimar actividades completamente ilegales. La institución señala que la debilidad regulatoria es aprovechada por redes criminales que extraen, acopian y exportan oro sin supervisión real.
Frente a este panorama, el IPE plantea la necesidad de implementar una estrategia integral que vaya más allá de la incautación de maquinaria. Propone atacar las redes logísticas y financieras que sostienen esta actividad, fortalecer los sistemas de trazabilidad del oro, supervisar de manera estricta a comercializadoras y exportadoras, e impulsar la cooperación internacional para evitar que el metal ilegal ingrese a los mercados globales.
El informe también sugiere intervenir en las zonas vulnerables donde la minería ilegal se ha convertido en la principal fuente de ingresos. Recomienda promover alternativas económicas sostenibles, aumentar la presencia del Estado en los territorios afectados y reforzar la seguridad, con el fin de frenar el crecimiento de un fenómeno que genera graves daños ambientales, sociales y económicos en el país.




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