Minería avanza sobre tierras comunales en Perú: 35% de ellas ya están afectadas por concesiones

El 90% de las tierras comunales carece de georreferenciación, alertan organizaciones indígenas.

Escrito por Arturo Sobrino

Foto: Andina

La expansión de la actividad minera —formal, informal e ilegal— continúa avanzando sobre territorios comunales en el Perú, generando preocupación entre organizaciones indígenas y campesinas. De acuerdo con análisis del Instituto del Bien Común (IBC) y de la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, el 16,5% del territorio nacional está concesionado para la minería, y de esa superficie, alrededor del 35% se superpone con tierras de comunidades.

Uno de los principales problemas es que cerca del 90% de los territorios comunales no cuenta con georreferenciación, lo que impide su adecuada protección legal y deja a las comunidades en situación de vulnerabilidad frente al avance de las concesiones mineras.

Las regiones más afectadas son Madre de Dios y Cusco. En la primera, la minería ya ocupa el 22% de las tierras comunales; en la segunda, el impacto alcanza el 24%. En Espinar, la situación es aún más crítica, pues casi la mitad del territorio provincial está concesionado mientras que pocas comunidades han logrado formalizar y delimitar sus tierras.

Dirigentes comunales advierten que esta situación está generando graves conflictos internos. Leonarda Zinanyuca, representante de la Federación Unificada de Campesinos de Espinar, señaló que la presión minera ha provocado divisiones, enfrentamientos y una creciente tensión social dentro de las comunidades.

Especialistas del IBC han denunciado, además, la falta de coordinación entre instituciones del Estado para registrar y actualizar la información geoespacial. La dispersión de datos entre INEI, Midagri y Sunarp dificulta que los pueblos indígenas accedan a información precisa que les permita defender sus territorios.

Para Salvador Merma, secretario general de la Federación Departamental de Comunidades Campesinas, la falta de georreferenciación constituye un vacío legal que permite que terceros tramiten concesiones sin conocimiento de las comunidades. Esto, asegura, deja el camino libre para el despojo territorial.

En Madre de Dios, la situación es particularmente alarmante. El líder comunal Ronald Boram denunció que la minería concesionada ha incrementado la deforestación, ha fracturado el tejido social y ha alterado la vida de las comunidades, que no fueron consultadas antes del otorgamiento de permisos.

Expertos en derechos indígenas sostienen que las normas actuales sobre consulta previa deben revisarse, pues excluyen a las comunidades campesinas, pese a que muchas de ellas enfrentan conflictos directos por la superposición de concesiones.

Foto: Tecnología minera

Para la Plataforma de Gobernanza Responsable de la Tierra, el Estado debe impulsar campañas urgentes de georreferenciación y considerar una moratoria temporal para nuevas concesiones, hasta garantizar que los derechos territoriales sean respetados.

El avance minero también se ha convertido en una amenaza ambiental. Las tierras comunales, que funcionan como barreras naturales contra la deforestación y resguardan ecosistemas clave, están siendo impactadas por operaciones que no siempre cumplen estándares ambientales.

Organizaciones sociales advierten que sin una estrategia estatal integral será muy difícil revertir el deterioro social y ambiental que ya se evidencia. Consideran indispensable fortalecer la participación comunitaria y garantizar información clara y accesible sobre los procesos mineros.

Finalmente, los especialistas subrayan que el Estado debe asumir un rol más activo en la protección de territorios comunales. Sin georreferenciación, consulta previa efectiva y transparencia en las concesiones, las comunidades seguirán expuestas al avance de actividades mineras que amenazan su subsistencia y su derecho histórico a la tierra.