Perú propone modernizar el asilo diplomático ante la OEA
- 3 dic 2025
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Canciller Hugo de Zela sustentará una modificación a la Convención de Caracas de 1954 para evitar usos políticos del asilo y fortalecer la transparencia regional.
Escrito por Camila Torrejón
El Gobierno peruano anunció que presentará ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una propuesta formal para actualizar los lineamientos del asilo diplomático, una figura que, según el Ejecutivo, ha sido utilizada en los últimos años de manera inconsistente y con un fuerte componente político. La iniciativa busca abrir un debate regional sobre la pertinencia de modernizar la Convención de Caracas de 1954.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la propuesta será sustentada por el canciller Hugo de Zela, quien argumentará que el mecanismo de asilo requiere criterios más claros y verificables para evitar decisiones unilaterales que puedan alterar las relaciones entre Estados. El Perú considera que, actualmente, existen vacíos normativos que permiten interpretaciones contradictorias.
La posición peruana sostiene que los Estados que reciban solicitudes de asilo diplomático deberían consultar previamente información oficial sobre el estatus legal del solicitante. Con ello, se busca evitar que personas investigadas o procesadas por delitos comunes utilicen esta figura para evadir a la justicia, así como garantizar que el asilo no dependa de simpatías políticas.
El Ejecutivo afirma que esta propuesta no pretende restringir el derecho al refugio ni la protección humanitaria, sino establecer procedimientos más transparentes y objetivos. Para el Gobierno, fortalecer el marco jurídico sobre el asilo permitirá reducir tensiones diplomáticas y fomentar una mayor cooperación entre los países de la región.
Si la iniciativa es aceptada, la OEA abrirá un proceso de debate que podría concluir con una actualización histórica de la normativa interamericana sobre el asilo diplomático. De aprobarse, marcaría un precedente en la política exterior regional y redefiniría los criterios de protección en casos de crisis políticas o judiciales.
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